Desde mediados de julio de 2026, la ley Ripost cambia las reglas del juego para numerosos titulares del permiso de conducir en Francia. Algunos conductores noveles ya no pueden ponerse al volante de coches considerados demasiado potentes, so pena de duras sanciones. El texto, presentado como una medida de seguridad vial, sigue siendo sin embargo impreciso en un punto esencial: el umbral de potencia que activa la prohibición.
¿A quién afecta esta prohibición?
La restricción se dirige a los conductores en periodo de prueba, es decir, a las personas que han obtenido el permiso recientemente. Este periodo dura tres años tras un aprendizaje clásico en autoescuela, pero se reduce a dos años para quienes han pasado por la conducción acompañada o la conducción supervisada. Durante esta fase, el acceso a determinados vehículos potentes queda ahora vetado.
La medida no se limita a los particulares: las empresas de alquiler de vehículos y las compañías que ponen un coche a disposición de un empleado con permiso en periodo de prueba también están sujetas a las nuevas obligaciones de verificación.
¿Qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento?
Las consecuencias previstas por la ley son severas. Un conductor al volante de un vehículo prohibido durante su periodo de prueba se expone a hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. En el caso de los profesionales, las empresas de alquiler o los empleadores que pongan este tipo de vehículo a disposición de un conductor novel se arriesgan a una multa de hasta 1.500 euros.
Este baremo coloca a la ley Ripost entre los dispositivos más estrictos jamás adoptados en materia de seguridad vial para los conductores noveles, una categoría estadísticamente sobrerrepresentada en los accidentes graves.
La imprecisión que persiste sobre el umbral de potencia
El punto más comentado del texto sigue siendo, a día de hoy, su falta de precisión. Todavía no se ha fijado en la propia ley ningún umbral numérico de potencia (caballos, relación peso/potencia o cilindrada): será un decreto de aplicación, previsto para el otoño de 2026, el que deberá precisar los criterios exactos que definen un coche «demasiado potente». Hasta su publicación, tanto los nuevos titulares del permiso como los profesionales del alquiler se mueven en una zona de incertidumbre jurídica.
Esta ausencia de un criterio claro complica tanto la elección de un primer coche como la gestión de las flotas de alquiler, y algunas empresas de alquiler ya prefieren, por precaución, retirar de su catálogo los modelos más potentes.
¿Cómo anticiparse antes de la publicación del decreto?
- Informarse sobre la potencia fiscal y real del vehículo que se desea comprar o alquilar
- Optar, en caso de duda, por un modelo de gama de entrada o media en lugar de una versión deportiva
- Comprobar con la aseguradora si ya existen cláusulas específicas para los conductores en periodo de prueba
- Seguir la publicación del decreto de aplicación en otoño de 2026 para conocer el umbral definitivo
Mientras llegan estas precisiones, lo más conveniente es considerar la prudencia como la mejor aliada de los conductores noveles, tanto para respetar la ley como para limitar los riesgos en la carretera. Encuentre más análisis en nuestra sección Automóvil, así como nuestros Consejos prácticos relacionados con la conducción y la compra de un vehículo.
A nivel presupuestario, este tipo de restricción también puede influir en las decisiones de compra de las familias; nuestra sección Consumo ofrece regularmente puntos de referencia para decidir entre varios modelos.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo se aplica la ley Ripost?
El texto entró en vigor a mediados de julio de 2026. Por tanto, ya se aplica, aunque el decreto que precisará el umbral de potencia prohibido no se espera hasta el otoño de 2026.
¿Cuánto dura el periodo de prueba afectado?
Dura tres años tras la obtención del permiso mediante el aprendizaje clásico, y se reduce a dos años para los conductores que han pasado por la conducción acompañada o supervisada.
¿Qué riesgo corre un conductor novel que comete una infracción?
El conductor se expone a una multa de hasta 15.000 euros y a una pena máxima de un año de prisión. Las empresas o las compañías de alquiler infractoras, por su parte, se arriesgan a una multa de hasta 1.500 euros.
Fuentes
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Este artículo ha sido redactado con la ayuda de una inteligencia artificial. Política editorial
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